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Un Pacto para el Trabajo Decente

Es totalmente falsa la frase de cajón de que el sindicalismo quiebra empresas. Realmente lo que ha acabado empresas en el país es el modelo neoliberal, los tratados de libre comercio y la desprotección gubernamental.

Es lo que muestra cada año el Informe Nacional de Competitividad: que es el acceso y el costo del crédito, los costos de la energía, la mala calidad del sistema educativo, los costos logísticos y de seguridad y el desequilibrio en la competencia con empresas, bienes y productos extranjeros algunas de las causas de la debilidad del tejido empresarial y la baja productividad del país. Las conclusiones de las encuestas de la ANDI son parecidas, así como diversos estudios de la OCDE.

Tampoco ha habido una política pública para crear, ensanchar y proteger la industria colombiana, mucho menos el campo, donde realmente el Estado subsidia al oligopolio del azúcar y de la soya. En mi tierra, Barrancabermeja, donde la industria petrolera ya cumplió más de un siglo, no se fabrica una sola vela.

Las reivindicaciones laborales que hacen los trabajadores, no quiebran empresas, porque el mismo ordenamiento jurídico prevé los instrumentos para canalizar los conflictos individuales y colectivos en el trabajo. El mismo artículo 1o del anacrónico Código Sustantivo del trabajo señala que su finalidad es “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.” En la pandemia, los trabajadores, individual o colectivamente hicieron acuerdos con sus empresarios para proteger las fuentes de empleo. Los trabajadores y trabajadoras, no somos ciudadanos irracionales. Yo personalmente, como presidente de un sindicato, suscribí varios.

En mi larga experiencia asesorando trabajadores y ayudándoles a organizarse, he aprendido que sus principales demandas casi siempre son por ser respetados, reconocidos y escuchados, por tener jornadas de trabajo normales y no ser sobreexplotados, por poder defenderse en procesos disciplinarios. Los sindicatos aparecen cuándo los derechos humanos fundamentales se quedan por fuera de los sitios de trabajo y cuando prima la discriminación o el maltrato.

Pero volviendo a la frase aquella, ni los empresarios y sus centros de pensamiento han encontrado casos donde el sindicato, el sindicalismo o los trabajadores acaben una empresa. Por el contrario, las cifras muestran que cerca del 80% de los conflictos en el trabajo se resuelven de manera directa mediante la concertación voluntaria entre trabajadores y empresarios. El 18% de los conflictos son dirimidos por terceros a través de tribunales arbitrales y tan solo el 2% terminan en huelgas que al final o conducen a un acuerdo directo o terminan en un tribunal de arbitramento.

El reciente acuerdo entre empresarios y trabajadores para el aumento del salario mínimo en Colombia, pero también los acuerdos que lograron los interlocutores sociales en España para proteger el empleo durante la pandemia, para reconocer a los “domiciliarios” como trabajadores y ahora, básicamente dejar sin efecto la reforma laboral precarizadora de 2012, demuestran que es posible que los actores del mundo del trabajo se sienten, acuerden y avancen juntos.

El mundo del trabajo en Colombia necesita implantar una cultura de diálogo social eficaz que desjudicialice las relaciones laborales y las estabilice beneficiando a ambas partes y mejorando la productividad del país. Esto requiere de un escenario democrático para hacerse, de un gobierno capaz, con un Ministerio de Trabajo con capacidad técnica y voluntad política, que intervenga en el escenario del trabajo y de un Congreso que asuma la crisis planetaria del trabajo y el predominante lugar que tiene el derecho laboral internacional. No es gratuito que el mismo Papa esté abogando por humanizar el trabajo, reducir la jornada laboral y establecer un salario mínimo universal como medidas para combatir la pobreza mundial.

El sindicalismo y el empresariado del país deben revisar, discutir, negociar y acordar fórmulas para reducir el desempleo, la tercerización, la precariedad o la informalidad y crear amortiguadores sociales que reduzcan el impacto negativo de esos fenómenos sobre la ciudadanía y sobre la productividad. Una renta básica debe ser objeto de revisión entre los interlocutores del mundo laboral y el Congreso.

En Colombia debe ser posible que sindicatos y empresarios acuerden la derogatoria del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, que permita la ampliación de la libertad sindical y proteja la autodeterminación de los trabajadores para organizarse en igualdad de condiciones a como lo hacen los empleadores. Entre empresarios, sindicatos y gobierno debemos concluir que la atomización sindical no le sirve a nadie, por lo que un esquema de reconocimiento al sindicalismo más representativo, es compatible con la doctrina de la OIT.

También debe ser posible el acuerdo para sacar la negociación colectiva exclusivamente del nivel de empresa y ampliarlo a redes y grupos empresariales y a sectores de la economía organizados como el petrolero, el comercio, el minero y el bancario. Eso permitiría, por ejemplo, que esa vieja iniciativa empresarial de negociar salarios mínimos por regiones o actividades pueda ser considerada.

Para que la negociación colectiva sea eficaz y no solo una mesa inclinada del lado empresarial, debe ampliarse en el país el derecho de huelga. Negociación colectiva sin huelga es mendicidad colectiva, como lo sugirió en 1980 el Tribunal Alemán del Trabajo. Tres reformas que pueden discutirse, negociarse y acordarse como ha pasado en otros países.

También creo que podríamos acordar restringir la posibilidad de suscribir pactos colectivos en empresas donde hay sindicato o la posibilidad de que falsos sindicatos a través de “contratos sindicales” tercericen personal. Ambas figuras han degenerado las relaciones laborales colectivas en el país.

Entre empresarios y sindicatos podemos acordar el Estatuto del Trabajo, reducir el empleo temporal, proteger todo tipo de trabajo y no solo el subordinado, incluyendo el de cuidado, e incorporar toda la jurisprudencia internacional, constitucional y ordinaria en materia de laboralización, de tercerización ilegal, de derechos humanos en el marco de los principios rectores del artículo 53 de la Constitución que en 30 años no se ha desarrollado.  

Es necesario también intervenir las relaciones laborales en el sector público, fortaleciendo el empleo de carrera, los concursos, el mérito y combatir de frente las ordenes de prestación de servicios ilegales que sirven de caldo de cultivo para la politiquería. Hay, como lo prometió la Constitución, que participar a los trabajadores en la gestión de las empresas (Art. 67) y permitirles intervenir en las decisiones que les afecten, es un pilar democrático de nuestro Estado Social de Derecho.

Dejemos sin efecto la reforma laboral del 2002, devolvámosles a los trabajadores los recargos nocturnos desde las 6 pm, el recargo dominical del 100% y no abaratemos el despido para proteger la estabilidad en el empleo. No es empobreciendo a la clase trabajadora como se reactiva la economía.

Demandemos que el Ministerio de Trabajo recobre respetabilidad y capacidades. Hay que fortalecer la inspección en el trabajo, reformar el arbitraje laboral e impulsar la conciliación y la mediación como mecanismos alternativos de solución de conflictos en el trabajo.

Es una agenda ambiciosa, lo sabemos. La dignidad y los derechos son fuente de reconocimiento a las y los ciudadanos que trabajan, son un paso en la construcción de la paz social y la productividad.

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